La Covid-19 ha traído consigo una dramática crisis económica. La UE ha modificado sus estrictas normas sobre ayudas estatales de tal manera que ahora los Estados pueden ayudar a sus economías nacionales prácticamente con sus propios criterios. Sin embargo, lo que al principio podría sonar sensato, acarrea una trampa.
La Covid-19 ha dejado su huella en la economía real, poniendo en riesgo un número incalculable de puestos de trabajo. Los Estados miembros, sobre todo Alemania, están gastando gran parte de sus fondos en subsidios: 13.800 millones de euros para Adidas, TUI y Lufthansa. Pero grandes empresas en otros Estados miembros están también recibiendo ayudas del Estado. KLM Airlines recibe ayudas por valor de dos a cuatro mil millones de euros del gobierno holandés. Del mismo modo, Air France recibe alrededor de siete mil millones de euros del gobierno francés. España elaboró un paquete de rescate por valor de mil millones de euros para Vueling e IAG, mientras que en Italia se está discutiendo una ayuda de tres mil millones de euros para Alitalia como parte de la renacionalización prevista. Los sectores industriales también han entrado en crisis: el Ministro de Finanzas francés insinuó que Renault no sobreviviría a la crisis sin ayuda estatal. Se está debatiendo un paquete de ayuda estatal de cinco mil millones de euros.
El clamor por las ayudas estatales durante la crisis está sonando fuerte y claro nuevamente. Millones de empleos en todos los sectores, desde la industria manufacturera hasta los servicios, el turismo y la cultura, están en riesgo. Solo en Alemania hay siete millones de empleados en trabajos de corta duración.
La situación es de deja-vu: antes y después de la crisis financiera de 2008, el Estado se definió como un obstáculo para las actividades empresariales. De repente, por el contrario, se supone que debe actuar como el salvador de la empresa y asumir la carga de sus pérdidas.
Relajación de la prohibición de la UE sobre ayudas estatales
En marzo de 2020, el estallido de la crisis del coronavirus llevó a la Comisión de la UE a suspender temporalmente la prohibición de las ayudas estatales del art. 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), a fin de permitir rápidamente medidas de rescate en favor de la economía real. En su Comunicación sobre un marco temporal para apoyar la economía, proporciona un procedimiento acelerado para varios instrumentos de apoyo. Así, ahora se permiten donaciones directas temporales de hasta 800,000 euros, garantías gubernamentales reducidas para préstamos bancarios, préstamos públicos y privados con tasas de interés reducidas, aplazamiento de impuestos, suspensión de las cotizaciones a la seguridad social y subsidios salariales para los empleados, así como medidas estatales de recapitalización para las empresas. En la sección titulada "La necesidad de una estrecha coordinación de las medidas de ayuda nacional a nivel europeo", de hecho, la Comisión estipula que los Estados miembros deben informar en qué medida la ayuda recibida está destinada a apoyar actividades alineadas con los objetivos de la UE con respecto al cambio ambiental y digital. Sin embargo, esto no es más que un compromiso voluntario. La sección titulada "Gobernanza" deja claro que los accionistas no pueden recibir dividendos mientras el gobierno tenga una participación. Sin embargo, solo se prohíbe el pago de bonificaciones por dirección si el nivel de participación estatal es de al menos el 75%.
A pesar de esta clemencia europea, el Ministro de Finanzas de Austria ha pedido la suspensión total temporal del régimen de ayudas estatales de la UE:
“No entiendo por qué apoyamos a otros países con el dinero de los contribuyentes austriacos y, a cambio, se nos prohíbe apoyar a nuestras propias empresas con el dinero de nuestros propios contribuyentes”
Ahora está cada vez más claro que la flexibilización del régimen de ayudas estatales aumentará las desigualdades económicas en el mercado interior a largo plazo: los Estados miembros que experimenten un estado de emergencia presupuestaria no pueden mantener el ritmo en esta forma de competencia por la provisión de subsidios. Saldrán de la crisis debilitados aún más y sus compañías serán expulsadas del mercado o absorbidas, mientras que carecemos de un mecanismo de compensación adecuado a nivel europeo que pueda amortiguar estas desigualdades económicas.
Como resultado, las exenciones de las ayudas exacerban las desigualdades económicas, lo que precisamente la suspensión de las normas de la UE sobre ayudas estatales debería evitar en particular. Incluso el presidente liberal Macron admitió que este tipo de competencia por los subsidios socava las condiciones de competencia leal en el mercado interno.
En lugar de una guerra fraticida entre los Estados miembros…
Mientras tanto, las ayudas estatales autorizadas por la Comisión Europea ahora han aumentado a aproximadamente 1,5 billones de euros. En total, la Comisión Europea ha tomado más de 200 decisiones sobre ayudas estatales y medidas nacionales en todos los Estados miembros de la UE y el Reino Unido desde el estallido de la crisis (información contrastada el 9 de julio de 2020).
Fuente: Federación Alemana de Sindicatos, DGB
Desde una perspectiva legal, todos los Estados miembros son libres de usar las nuevas regulaciones de la UE en forma de paquetes de apoyo sectoriales y empresariales que han sido aprobados por la Comisión Europea (ver gráfico). Los Estados miembros también pueden conceder subsidios a través de medidas nacionales generales a las que pueden acceder todas las empresas. Estos tipos de subsidios no están sujetos a aprobación. Las políticas económicas dentro de los Estados miembros difieren considerablemente.
Si nos fijamos únicamente en el apoyo empresarial sectorial, es evidente que las grandes economías tienen una clara ventaja competitiva sobre las más pequeñas: Italia, Alemania y Francia juntas representan 1,2 billones de euros, lo que supone el 78% del total de las ayudas aprobadas por la Comisión. El Reino Unido y Bélgica se sitúan detrás en el cuarto y quinto lugar, representando sesenta mil millones y cincuenta y cuatro mil millones de euros respectivamente.
Si bien esto podría ser aceptable como una situación temporal, especialmente para evitar la pérdida de millones de empleos (como ha sucedido en los Estados Unidos), la pérdida de condiciones competitivas equitativas es perjudicial e inaceptable. Un mercado interno funcional exige un "campo de juego nivelado" para las empresas y los empleados que dependen de ellas.
… reconstrucción colectiva de la UE
En lugar de simplemente activar los subsidios, la UE necesita una estrategia industrial integral que también re evalúe los problemas relacionados con las ayudas estatales. La Covid-19 ha demostrado que la propiedad estratégica no está suficientemente protegida contra las ‘adquisiciones hostiles’; que las líneas de producción estratégicamente importantes, como la producción de bienes básicos para la salud, deben ser devueltas a la UE o evitar que se vayan; y que las medidas de recapitalización pueden ser un instrumento importante para fortalecer la competitividad de la UE. El Libro Blanco sobre subsidios extranjeros puede ser un primer paso en esta dirección. Además, la legislación sobre ayudas estatales de la UE debe orientar en el futuro las ayudas nacionales en una dirección que respalde estrategias europeas compartidas, como lograr la neutralidad climática o seguir una estrategia de aviación común.
También debe haber un cambio importante en las condicionalidades de las medidas de ayuda: deben apoyar los objetivos y obligaciones de los Estados miembros de la UE con respecto al cambio socio-ecológico y digital, y contener una garantía de empleo y posición. Además, los accionistas no deberían recibir ningún dividendo de las compañías donde aún exista algún nivel de participación del gobierno. Igualmente, los pagos de bonificaciones por dirección deben suspenderse por completo. Estas condiciones deben establecerse de antemano en las directrices y no solo determinarse posteriormente caso por caso.
También debe considerarse una democratización de la legislación sobre ayudas estatales mediante la definición de principios importantes, no en forma de directrices no vinculantes emitidas por la Comisión Europea, sino a través de directrices en el marco del procedimiento legislativo ordinario.
Los Estados miembros de la UE se encuentran en una especie de guerra fratricida, como reconoce la propia Comisión en su Estrategia Industrial 2020. Subraya acertadamente que la suspensión temporal de la prohibición de las ayudas estatales solo puede ser una medida complementaria. Las empresas requerirán inversiones privadas y públicas complementarias a gran escala como parte de la fase de reconstrucción posterior a la crisis. Esto requiere un plan de reconstrucción que respalde objetivos horizontales como el "Acuerdo Verde" a través de una transformación socialmente inclusiva. La reforma de los reglamentos de subsidios, especialmente las directrices de ayudas estatales que afectan al sector de la energía y la protección del medio ambiente, solo puede ser una pequeña pieza de esto.
Esta es la única forma efectiva de pasar del estado de crisis a un proceso conjunto de reconstrucción de la UE.
… con planificación económica democrática compartida
La crisis de la Covid-19 ha demostrado un patrón de reacción típico de la UE y sus Estados miembros: en una crisis profunda, el Estado-nación siempre se fortalece en detrimento de la política común de la UE. Este fue el caso en la crisis de los mercados financieros de 2008, y también en la crisis de refugiados de 2015, cuando los Estados miembros individuales erigieron muros en el sentido más literal de la palabra. Sin embargo, este fue también el caso en la primavera de 2020, por ejemplo, cuando Francia, Alemania y la República Checa comenzaron a imponer prohibiciones a la exportación de bienes esenciales a principios de marzo. Solo tras los primeros análisis de la crisis actual comienzan a nivel europeo los debates sobre si es posible colaborar mejor en el futuro.
La discusión sobre las ayudas estatales se ajusta a este patrón. Un ejemplo de actualidad puede aclarar esto: la compañía automotriz japonesa Nissan coopera globalmente con la compañía francesa Renault. Nissan anunció que cerraría su fábrica en Barcelona y que despediría a tres mil empleados. Si incluimos las redes de valor locales y regionales, están en riesgo hasta treinta mil empleos en el sector industrial más importante de España, el sector automotriz. Probablemente no sea una coincidencia que este anuncio se haya hecho poco después de que el Presidente francés declarara que Renault solo recibiría cinco mil millones de euros en ayuda estatal francesa si apuntalaba sitios de producción industrial en Francia. Por lo tanto, estamos viendo una política de ‘sálvese quien pueda’ y los ganadores son aquellos cuyos ‘carteras nacionales’ permiten un mayor apoyo directo para su propia industria nacional.
Sin embargo, la reorganización de las competencias económicas de los Estados nacionales no es fácil, al menos si apuntamos al objetivo de la solidaridad europea.
Esto se debe a que la integración de la propiedad, posible gracias a las libertades del mercado interior, está considerablemente avanzada. Esto hace que las corporaciones tengan una influencia económica en el desarrollo de la estrategia nacional en los Estados de Europa Central y Oriental. Por ejemplo, la gestión de Škoda en la República Checa tiende a representar los intereses de la industria alemana (VW), en lugar de defender el desarrollo nacional checo. Esto muestra que fue un error percibir de manera automática las decisiones políticas descentralizadas como "más cercanas a los problemas", ya que las cadenas de valor y las relaciones asociadas de dependencia funcionan a través de las fronteras. Si se reduce la gestión política europea, aumentarán las dependencias transnacionales de capital.
Las regulaciones neoliberales de la UE, como el "Pacto de Estabilidad y Crecimiento", deben ser rechazadas. Al mismo tiempo, sin embargo, la crisis actual muestra que el fortalecimiento de los Estados nacionales, por ejemplo, mediante la suspensión de las normas sobre las ayudas estatales, aumenta la competencia desleal entre los Estados miembros.
Desde una perspectiva democrática, una regulación que permita la planificación conjunta de la ayuda a corto plazo y, en el mediano plazo, la transformación socio-ecológica de las economías europeas sería, por lo tanto, bienvenida. El Parlamento Europeo es el actor adecuado aquí. Esto evitaría que los defensores de los subsidios nacionales ejerzan aún más presión sobre los Estados miembros que experimentan dificultades presupuestarias. Lo que necesitamos es una politización de la discusión sobre economías europeas sostenibles, no una decisión basada en cofres.