Después de las elecciones europeas, hay que reconocer que el debate público sobre la cuestión del diseño actual de las instituciones de la UE apenas existe.
A pesar de que muchos partidos políticos en toda Europa están discutiendo sobre la necesidad de modificar los tratados existentes de la UE en sus programas para las próximas elecciones, el tema de los tratados no es un tema importante de polarización en la campaña, a nivel europeo. Sin embargo, algunos de los temas dominantes en la agenda política europea están relacionados con la integración europea y sus errores. Desde la controversia entre Bruselas y Roma sobre el presupuesto italiano de 2019 hasta el enigma insoluble del Brexit, la impracticable declaración de Meseberg (Rumania) y las eventuales adhesiones de Bulgaria al espacio Schengen y la zona euro. Incluso entre la izquierda radical, cuyas fuerzas estaban han estado al frente de la protesta contra la naturaleza neoliberal y antidemocrática de la integración de la UE durante los últimos 50 años, se han puesto en segundo plano las críticas a la arquitectura institucional de la UE… Desde 2015 y la firma del tercer Memorando por el gobierno Syriza, existe un amplio consenso entre la izquierda radical en analizar la arquitectura institucional de la UE como antidemocrática que prohíbe la implementación de cualquier agenda gubernamental progresista debido a la imposición de las políticas de austeridad y las reformas estructurales ordoliberales.
Este punto ciego en el debate en curso en el campo político arrojó luz con un proyecto que emana originalmente de la esfera académica, que es el Manifiesto para la democratización de Europa. Este es el manifiesto para la democratización de Europa. Este manifiesto fue firmado por 120 académicos y políticos de 16 países diferentes de la UE y se publicó el pasado diciembre en los periódicos europeos más destacados (The Guardian [1], Die Welt, La Vanguardia, Le Monde [2]). El Manifiesto quiere promover un nuevo tratado europeo para reorientar la integración europea hacia un marco más progresista, ecológico y de izquierda [3]. Se lanzó junto con una propuesta exhaustiva de lo que podría ser este nuevo tratado [4] y, por lo tanto y un proyecto de presupuesto [5], ya que el nuevo tratado crearía un presupuesto europeo para los desequilibrios macroeconómicos y mejoraría la convergencia económica de los Estados miembros de la UE hacia un mayor nivel de bienestar social [6]. Este documento se está traduciendo actualmente al inglés en su totalidad, y se pretende utilizarlo como plantilla para el desarrollo de una política exterior. Desde su lanzamiento en diciembre pasado, el Manifiesto ha sido firmado por más de 116.000 personas. Por lo tanto, parece necesario y crucial para la izquierda radical. En este artículo, queremos presentar y describir este tratado alternativo, así como los orígenes intelectuales y políticos de este enfoque. También intentaremos evaluar críticamente este aporte, tanto en sus dimensiones programáticas como estratégicas.
I Los orígenes del Manifiesto y su anclaje político
El punto de partida de este tratado alternativo se encuentra en la campaña de las elecciones presidenciales francesas de 2017. Un grupo de cuatro académicos franceses publicó en marzo de 2017 un ensayo que exponía una propuesta de democratización de la zona euro a través de la adopción de un nuevo tratado intergubernamental [7]. Los cuatro autores son Thomas Piketty, el famoso economista francés conocido por su éxito de ventas sobre las desigualdades en el capitalismo actual [8], junto a un profesor de derecho público (Stéphanie Henette) y dos científicos políticos especializados en estudios europeos (Antoine Vauchez y Guillaume Sacriste). Su ensayo se denominó “Tratado sobre la democratización de la gobernanza de la zona euro” y combinaba una sólida argumentación que defendía la necesidad de introducir un nuevo tratado en lugar de tratar de revisar los actuales tratados de la Unión Europea, con una propuesta detallada para un nuevo tratado.
Esta propuesta fue aprobada por Benoit Hamon, el candidato del Partido Socialista, como la columna vertebral de su plataforma programática europea para las elecciones presidenciales [9]. Al adoptar este enfoque para reorientar la integración de la UE, la postura de Hamon se diferenció fuertemente de la manera en que Mélenchon y France Insoumise abordaron el déficit democrático y la orientación coercitiva ordoliberal de la integración europea. El candidato de France Insoumise estaba promoviendo una estrategia llamada "Plan A / Plan B"; el plan A sería un intento de renegociar los tratados existentes con los demás Estados miembros mientras se implementaría la propuesta de France Insoumise y, por lo tanto, se desobedecerían las reglas de los tratados, en particular las reglas presupuestarias incluidas en el tratado de Maastricht y en el TSCG (Tratado de Estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria). En caso de no renegociar los tratados y encontrar un compromiso aceptable, el plan B se pondría en práctica, lo que implicaría la salida de la UE y de la zona euro. La competencia entre Hamon y Mélenchon entre el electorado de izquierda llevó a una clara victoria de Mélenchon en la primera ronda de las elecciones presidenciales en abril de 2017. Aunque llegó cuarto y, como tal, no pudo acceder a la segunda ronda de las elecciones, Mélenchon reunió el 19,58% de los votos, mientras que Hamon obtuvo sólo el 6,36%, que es el peor resultado de los socialdemócratas en unas elecciones presidenciales desde 1969. Las causas de la derrota de Hamon son complejas y numerosas y, por lo tanto, sería completamente inadecuado considerar la postura programática de Hamon como la causa principal de su gran revés. De hecho, los cuatro promotores de este tratado alternativo, generalmente llamado T-DEM (Tratado para la DEMocratización de Europa), no se desanimaron y siguieron trabajando en su propuesta organizando seminarios académicos sobre aspectos específicos de su propuesta.
El Manifiesto por la democratización de Europa es el resultado de este trabajo y comprende varios cambios en comparación con la propuesta original de 2017. El T-DEM de 2017 sólo apuntaba a la democratización de la zona euro, mientras que la nueva versión está dirigida a todos los estados miembros de la UE. El tratado también abarca más aspectos y se ha elaborado un presupuesto para describir más concretamente lo que podría ser esta Europa más democratizada. El apoyo al Manifiesto proviene principalmente del ámbito académico: Michel Aglietta, Patrick Boucheron, Christian Chavagneux, Donatella Della Porta, Steffen Lehndorff, Dominique Meda, Thomas Porcher, Boaventura De Sousa Santos y otros. Pero también incluye a varios políticos de izquierda de los Verdes, los socialdemócratas y la izquierda radical: Massimo D’Alema, Fabio De Masi, Olivier Faure, Yannick Jadot, Alberto Montero, Axel Schäffer, Boris Vallaud [10]. Los políticos firmantes provienen principalmente de la socialdemocracia francesa y los verdes, a pesar de que incluyen a un de Podemos y dos miembros del Bundestag (uno del SPD y el otro de Die Linke). Además, el nuevo movimiento político de Benoit Hamon, Générations, respaldó nuevamente al T-DEM al incluir algunos de sus aspectos clave en su plataforma electoral para las elecciones europeas [11].
II Un enfoque innovador y estratégico
El punto de partida de esta propuesta es el establecimiento de un gobierno económico europeo para abordar las consecuencias de la crisis financiera de 2008 y la llamada crisis de la deuda soberana. En la década de 2010, este gobierno se construyó a través de nuevos tratados (TSCG, tratado que establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad) y paquetes legislativos (Six Pack y Two Pack), por lo que modifica profundamente la gobernanza económica de la UE. Este nuevo gobierno se centra casi exclusivamente en la consolidación fiscal y presupuestaria mediante la limitación del déficit público y los niveles de deuda con políticas de austeridad, y en la implementación de "reformas estructurales" destinadas principalmente a desregular los mercados laborales para mejorar la competitividad. Además, esta nueva gobernanza profundizó la crisis democrática de la UE al reforzar las competencias de la Comisión con la implementación del semestre europeo y otorgar un papel más destacado al Eurogrupo, que es un foro informal y, como tal, opaco y no transparente. Paralelamente a esta dinámica, no hubo una mejora significativa de la responsabilidad parlamentaria o los mecanismos de control democrático de este gobierno económico de la UE. El Parlamento Europeo, así como los parlamentos nacionales, solo tienen un papel asesor en el gobierno de la zona del euro y estos desequilibrios están alimentando la crisis democrática de la UE. De ahí los dos objetivos del T-DEM: la necesidad de democratizar la gobernanza económica europea y reorientar las políticas económicas hacia la transición ecológica y la lucha contra las desigualdades, rompiendo con las políticas de austeridad e implementando medidas sociales justas que beneficien a muchos y no a pocos. La crisis de la deuda soberana, y especialmente la crisis griega y la lucha entre el gobierno de SYRIZA y las instituciones de la UE en el primer semestre de 2015, nos enseña que esperar una revisión de los tratados europeos con el objetivo de introducir estas exigencias es extremadamente improbable en los próximos años. De hecho, una revisión general de los tratados requiere la unanimidad de los Estados miembros de la UE, ya que cada uno de ellos tiene derecho a veto en el Consejo Europeo. El actual equilibrio de fuerzas en el Consejo Europeo señala una gran mayoría a favor de mantener e incluso profundizar el consenso ordoliberal.
El enfoque del T-DEM difiere del plan para renegociar los tratados y se deriva de la experiencia de los tratados intergubernamentales que establecen este gobierno económico europeo: tanto el TSCG como el Tratado que establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad no fueron modificaciones de los tratados existentes [12] pero sí los tratados internacionales iniciados por algunos Estados miembros y progresivamente firmados y adoptados por otros Estados miembros. Técnicamente hablando, no todos los Estados miembros de la UE han adoptado el TSCG (República Checa no) mientras que el tratado ESM fue firmado solo por los 19 Estados miembros de la eurozona. El enfoque del Manifiesto es sortear el obstáculo del derecho de veto en el consejo al proponer un tratado internacional, intergubernamental, independientemente de los Tratados de la UE. Por lo tanto, el Tratado de Democratización puede ser adoptado teóricamente por cualquier subconjunto de Estados miembros de la UE, independientemente de las limitaciones de una revisión general de los tratados actuales. La idea es que este Tratado de democratización pueda entrar en vigor sin el acuerdo unánime de todos los miembros de la UE y, por lo tanto, solo requiere la adopción e implementación de algunos gobiernos de izquierda determinados en algunos países específicos. El artículo 20 del tratado propuesto estipula que el tratado entrará en vigor cuando sea ratificado por un número de Estados que representan al 70% de la población de la Unión Europea. Este límite implica que los Estados contratantes tendrían suficiente legitimidad para iniciar una regulación de la unión monetaria y su gobierno económico. Estratégicamente hablando, el T-DEM trae una innovación que podría resolver teóricamente el punto muerto de una revisión general de los tratados debido al equilibrio de fuerzas político actual. Sin embargo, en consecuencia, exige que los cuatro países principales de la zona euro (Francia, España, Italia y Alemania) adopten el tratado, generando así otra forma de veto…
III Democratizar la UE s través de un presupuesto común gestionado por una nueva Asamblea Europea
Para lograr una democratización del gobierno económico de la UE y reorientar las políticas económicas europeas hacia la transición ecológica y la justicia social, el T-DEM se basa en dos proposiciones principales: la creación de un presupuesto de "democratización" que será discutido y votado por una Nueva Asamblea Europea. El objetivo de este presupuesto sería financiar el desarrollo de un modelo europeo ambientalmente sostenible y socialmente justo con el fin de reducir las desigualdades a nivel europeo (tanto entre países como dentro de ellos), establecer bienes públicos europeos, mejorar los niveles de empleo y aumentar las convergencias económicas de los Estados miembros hacia una protección social generosa y justa a nivel europeo. El Manifiesto propone una ponderación presupuestaria del 4% del producto interno bruto (PIB) de la UE, que asciende aproximadamente a 800 mil millones de euros (el presupuesto actual de la UE representa alrededor del 1% del PIB de la UE). Este presupuesto se financiaría mediante la creación de cuatro impuestos europeos recaudados en todos los estados signatarios: un impuesto sobre las ganancias corporativas, un impuesto progresivo sobre las principales propiedades, un impuesto progresivo sobre los altos ingresos y un impuesto sobre las emisiones de carbono.
El impuesto sobre los beneficios corporativos sería un impuesto europeo común a una tasa adicional del 15% de los beneficios que se combinaría con el impuesto nacional. Se introduciría una tasa impositiva general mínima de los beneficios empresariales, que sería la suma del impuesto europeo y el impuesto nacional, y equivaldría al 37% de los beneficios, lo que obligaría a los Estados miembros a adoptar una tasa impositiva mínima del 22% de los beneficios. Este impuesto elevaría al menos el 1,5% del PIB y restablecería una mejor tributación de los beneficios. El impuesto progresivo sobre los ingresos altos consistiría en introducir tasas marginales adicionales en el impuesto sobre la renta actual, cuya tasa marginal es en promedio de alrededor del 40% en Europa. Por lo tanto, una tasa marginal europea del 10% sobre los ingresos anuales por encima de los 100 000 euros y del 20% sobre aquellos por encima de los 200 000 euros establecería una tasa global marginal de alrededor del 50% y el 60% respectivamente para estas dos categorías, dado que el promedio marginal actual ronda el 40%. Dicho impuesto podría aumentar alrededor del 1% del PIB y restablecer la tributación progresiva de los ingresos muy altos. La imposición progresiva sobre los altos niveles de riqueza personal consistirá en una imposición del 1% en las propiedades individuales netas valoradas en más de un millón de euros y en una imposición del 2% de aquellas que superen los cinco millones de euros. Estas dos tasas marginales ayudarían a luchar contra las evasiones fiscales y el fraude y elevarían aproximadamente el 1.1% del PIB. Por último, el impuesto sobre la emisión de carbono tomaría consistiría en una tasa mínima de 30 euros por cada tonelada de carbono emitida en la UE. Proporcionará un aumento del PIB del 0,4% y una armonización de los diversos sistemas de imposición del CO² a nivel europeo, lo que es necesario antes de aumentar finalmente la tasa de imposición en una segunda fase. Estos cuatro impuestos son herramientas para regular mejor la actual economía europea desregulada y neoliberal, ya que desalentarán las prácticas no éticas, desde la emisión de CO² hasta los niveles asombrosos de ingresos, beneficios o riquezas personales.
En el presupuesto propuesto, los iniciadores del Manifiesto sugieren que la mitad de este presupuesto se transferiría a los Estados contribuyentes que dispondrían libremente de estos ingresos. Incluso en la eventualidad de que los Estados miembros no utilicen este dinero con fines sociales o ecológicos, las formas de recaudar este dinero ya presentan aspectos redistributivos al equilibrar la base fiscal a favor de los muchos. Proponen que el resto del presupuesto se pueda gastar en el financiamiento de investigaciones académicas y universidades (para acelerar la innovación a través de la expansión de las capacidades de investigación y desarrollo), en el financiamiento de la gestión conjunta de la migración (para garantizar buenas condiciones) en la recepción de migrantes y la distribución de costos entre los Estados miembros. También habría un Fondo Europeo público-privado aún por crear para la transición ecológica que financiaría proyectos de inversión sostenibles e inversiones directas hacia formas de crecimiento sostenibles.
Sin embargo, este proyecto de presupuesto es solo una sugerencia hecha por los iniciadores del Manifiesto. El T-DEM stricto sensu sólo especifica que el presupuesto de democratización debe financiarse con recursos propios que son estos cuatro impuestos (artículo 9) y una diferencia máxima entre la contribución total de cada país y el monto total de reembolso del que se beneficia el mismo país. (Ingresos directos o inversión en su territorio) [13]. El núcleo del tratado propuesto es una nueva configuración institucional que apunta a democratizar la UE y la UEM (Unión Monetaria Europea) a través de la creación de una nueva Asamblea Europea. La discusión y el voto del presupuesto de democratización, así como la determinación de la tasa y la base impositiva de estos cuatro impuestos, sería una de las muchas competencias de esta nueva asamblea. El Tratado estipula que la misión de la Asamblea Europea sería "luchar contra las desigualdades y garantizar un modelo de desarrollo social, justo y equitativo". Esta Asamblea estaría compuesta por un máximo de 400 miembros, de los cuales el 80% serían miembros de los parlamentos nacionales y el 20% serían miembros del Parlamento Europeo. Este 20% se designaría dentro del Parlamento Europeo, también en proporción al equilibrio de fuerzas partidistas dentro del PE, en términos de grupos parlamentarios. El 80% restante de los miembros se designaría dentro de los parlamentos nacionales, también en proporción al equilibrio político dentro de cada parlamento. El número de miembros de cada parlamento nacional se fijaría en proporción a la población de los Estados miembros, siempre que cada parlamento nacional tenga al menos un representante en la nueva Asamblea. La idea es sortear la oposición de varios parlamentos nacionales de la UE a delegar poderes fiscales y presupuestarios a nivel europeo, mediante la inclusión de miembros nacionales del parlamento en el proceso de toma de decisiones. Además, en el mediano plazo, se “europeizarían” mucho más las elecciones parlamentarias nacionales como parte de los miembros de los parlamentos nacionales que se reunirían en una Asamblea Europea además de su mandato nacional.
El tratado propuesto especifica que esta Asamblea, junto con el Eurogrupo, compone el gobierno económico de la Unión Europea y ejerce la función legislativa con respecto a las cuestiones económicas, así como la función presupuestaria. Como tal, el tratado aclara el papel del Eurogrupo, sus formas de funcionamiento y, por lo tanto, regula la existencia de este organismo informal no transparente [14]. Los artículos 7 y 8 aclaran el procedimiento presupuestario, en el que la Asamblea tiene la ventaja sobre el Eurogrupo y la Comisión, ya que esta función se limita a una misión de asesoramiento técnico. En caso de desacuerdo sobre la propuesta de presupuesto de democratización, la Asamblea tiene la última palabra por encima del Eurogrupo. La Asamblea también será competente en materia legislativa en relación con los asuntos relacionados con la transición ecológica o la lucha contra las desigualdades, así como para la promoción de un sistema justo de protección social. La iniciativa legislativa sería compartida entre la Comisión, el Eurogrupo y la Asamblea. Sin embargo, en el procedimiento legislativo, la Asamblea tendrá la última palabra en caso de desacuerdo con el Eurogrupo.
El T-DEM también otorga un papel importante a la nueva Asamblea en el control y la dirección de la gobernanza económica de la UE: la Asamblea aprobará las partes del orden del día de las reuniones de la Cumbre del Euro que se centran en la política económica y social, y el programa de trabajo del Eurogrupo. La Asamblea también tendría que aprobar las directrices generales de la política económica de la UE, los servicios de asistencia financiera creados por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (incluidos los memorandos de entendimiento), los distintos pasos del Semestre Europeo (incluidos todos los pasos del procedimiento de déficit excesivo). Además, el T-DEM confiere a la Asamblea poderes de control sobre la otra institución del gobierno económico de la UE (Comisión, BCE) y la posibilidad de beneficiarse de la experiencia del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, también tiene facultades para crear un comité de investigación y enviar una solicitud de documentos al BCE ya la Comisión. Además, la Asamblea tiene que aprobar los nombramientos de casi todos los cargos destacados dentro de la UE (presidencia del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros, presidencia del Eurogrupo, miembros del Comité Ejecutivo del BCE, directores gerentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad). Además, la Asamblea tiene que adoptar anualmente una posición sobre la interpretación hecha por el BCE de su mandato (objetivo de estabilidad de precios y la meta de inflación resultante de este objetivo) y tiene que aprobar el informe anual del BCE sobre el Mecanismo Único de Supervisión. Por último, pero no por ello menos importante, la Asamblea y el Eurogrupo tienen que determinar las modalidades precisas para unificar la deuda pública de los Estados miembros que exceda el 60% de su PIB a través de la emisión de bonos gubernamentales comunes.
IV Una evaluación crítica de la propuesta T-DEM
Además de la innovación estratégica que consiste en proponer un nuevo tratado independiente de los tratados existentes, el T-DEM proporciona a la izquierda radical y al campo progresista en su conjunto dos aportaciones importantes. La primera es la renovación programática del debate político y las discusiones sobre la UE, mientras que la segunda se basa en la capacidad de configurar parcialmente y establecer la agenda política en preparación de las elecciones europeas. Como el punto de partida del T-DEM es concebir la UE como queremos que sea y no centrarse únicamente en las mejoras que se pueden realizar dentro de los límites de los tratados existentes, el T-DEM vuelve a abrir la puerta a un pensamiento colectivo sobre una UE alternativa. Sin embargo, este replanteamiento no es un enfoque idealista que represente una UE progresista utópica, ya que el T-DEM se basa en la transformación de las instituciones existentes. Como tal, proporciona a la izquierda radical la visualización de un camino desde la situación actual hacia una UE diferente que integra la justicia social y fiscal, la transición ecológica y la lucha contra las desigualdades. De hecho, el T-DEM reorienta las reflexiones de la izquierda radical hacia la imaginación de las mejoras sustanciales que queremos aportar a la configuración institucional actual en lugar de criticar únicamente la situación actual de la UE que es un punto muerto, tanto económica como políticamente. Por lo tanto, tanto el T-DEM como el Manifiesto aportan un toque de frescura y novedad al debate casi inexistente sobre el diseño institucional de la UE en la izquierda radical.
Además, el lanzamiento del Manifiesto fue concebido como una forma de configurar la agenda política antes de las elecciones europeas, haciendo que el tema de los tratados sea más relevante y orientando el debate público sobre el diseño institucional de la UE al presentar este tratado propuesto. El prestigio y la legitimidad académica de los académicos que firmaron el Manifiesto garantizaron un gran eco y difusión del T-DEM 2.0, al igual que la publicación del Manifiesto en periódicos destacados de los principales Estados miembros de la UE. A pesar de que el movimiento de los chalecos amarillos, así como el Brexit interminable, minimizan este impacto del T-DEM en la agenda pública, se debe tener en cuenta que el tratado y el presupuesto propuestos contienen una gran cantidad de propuestas de reformas que se pueden defender independientemente. Por lo tanto, el T-DEM y el presupuesto constituyen una especie de caja de herramientas para impulsar algunos temas en la agenda política y esto es exactamente lo que el grupo iniciador del T-DEM ha querido desde la publicación del Manifiesto. En primer lugar, Piketty publicó una columna en Le Monde sobre la ineficiencia social y ecológica e incluso el absurdo del actual marco fiscal europeo, y la necesidad de un cambio radical del sistema fiscal vinculado a la democratización de la UE [15]. Una segunda columna, firmada por un grupo de académicos y algunas figuras políticas (Olivier Faure, Pierre Laurent, Régis Juanico), defendió un impuesto a las empresas transnacionales a nivel europeo para combatir el fraude y la evasión fiscal [16]. Finalmente, un breve ensayo que resume las proposiciones clave del T-DEM se ha publicado últimamente por sus principales iniciadores y algunos otros académicos (Anne-Laure Delatte, Lucas Chancel, Manon Bonju) [17], además de una extensa entrevista a Piketty en el periódico de centro izquierda francés Libération [18]. El T-DEM es, por consiguiente, una base para inculcar ideas progresistas en el debate público sobre temas específicos, así como para tratar de establecer la agenda política durante la campaña para las elecciones europeas.
Sin embargo, el enfoque T-DEM presenta también algunas debilidades y límites, siendo el principal la falta de atención a la relación de fuerzas actual en Europa. De hecho, los tratados actuales no pueden modificarse legalmente debido al poder de veto otorgado a todos los Estados miembros, ya que se requiere unanimidad para modificar los tratados. El T-DEM tiene como objetivo sortear este obstáculo al establecer un tratado intergubernamental adicional y, por lo tanto, cambiar el campo de batalla hacia el proceso de toma de decisiones a nivel nacional. Pero si nos fijamos en la relación de fuerzas actuales en los Estados miembros, los únicos en los que los gobiernos nacionales actuales podrían eventualmente estar a favor del contenido del T-DEM o al menos en algunas partes del mismo son Grecia y quizás Portugal y España. En estos dos países, los gobiernos socialdemócratas cuentan con el apoyo de la izquierda radical (Unidas Podemos en España y el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista en Portugal) para tener una mayoría en el Parlamento y, como tal, podrían apoyarse en la idea de reformar la UE de forma progresiva. No obstante, la orientación política de los gobiernos portugués y español no es tan radical como el T-DEM pero aunque parece probable que les interesen algunas propuestas incluidas en la propuesta del tratado, es poco probable que respalden todo el tratado. A pesar de que la izquierda radical está en el gobierno en Grecia, la posición del gobierno de SYRIZA desde julio de 2015 y la firma del tercer memorando están en contradicción con una gran parte del T-DEM. Además, dado el artículo 20 del T-DEM que especifica que el Tratado entrará en vigor cuando sea ratificado por un grupo de Estados miembros que representa el 70% de la población de la Unión Europea, debe reconocerse que, en el contexto político actual, en la configuración, los signatarios potenciales solo representan 67 millones de personas, es decir, el 13% de la población de la UE. Incluso dentro del nuevo marco del T-DEM, el punto muerto estratégico sigue siendo intratable. Además, este umbral demográfico hace obligatorio el apoyo de Italia, Francia, España y Alemania. A corto plazo, a la luz de las situaciones electorales e ideológicas en estos países, parece imposible que Italia o Alemania acepten voluntariamente firmar tal tratado. De manera más general, la mayoría de las medidas del T-DEM están cruzando las líneas de varios gobiernos de los Estados miembros y no solo de Alemania, sino también de la llamada Liga Hanseática [19], el gobierno francés de Macron y otros. Entre estas medidas, las que sin duda serían rechazadas y vetadas por estos gobiernos son la creación de eurobonos, la transformación de la gobernanza de la UEM en perjuicio de la Comisión y el Consejo, así como la alteración de algunas medidas fiscales y presupuestarias claves (especialmente el procedimiento de déficit excesivo y el semestre europeo). De hecho, la dimensión del T-DEM estratégicamente innovadora es teóricamente pionera, pero si lo ponemos en perspectiva con la actual relación de fuerzas políticas dentro de los Estados miembros de la zona euro, el T-DEM se enfrenta al mismo estancamiento que la izquierda radical tradicional. El T-DEM y el Manifiesto no se basan en las actuales relaciones ideológicas y políticas de poder, tanto a nivel nacional como europeo, que no están del todo a favor de los partidos políticos de izquierda que probablemente respalden el T-DEM. De hecho, el T-DEM se encuentra con el mismo problema para el que fue diseñado, el poder de veto de los gobiernos ordoliberales cuando se trata de cambiar la arquitectura institucional de la UEM. Como resultado, no es el remedio mágico estratégico para el actual punto muerto europeo. Además, este enfoque es problemático en el sentido de que trata de elaborar una alternativa política sin tener como punto de partida las relaciones de fuerzas actuales, y como tal está viciado por el idealismo o, al menos, de una cierta ingenuidad. Las coherencias conceptuales, técnicas de ideas de las propuestas del T-DEM contrastan enormemente con su falta de anclaje en las situaciones actuales de los movimientos sociales y los partidos políticos progresistas, así como sus luchas.
El segundo límite principal del T-DEM radica en la ausencia de impugnación de varios aspectos ordoliberales y "de austeridad" principales de los Tratados actuales. De hecho, el T-DEM no cuestiona el mandato del BCE y su objetivo único de estabilidad de precios y no propone ninguna modificación de este mandato para incluir un objetivo ecológico o social (similar al objetivo de empleo máximo que complementa el objetivo de estabilidad de precios en constituyendo el doble mandato de la Reserva Federal de los Estados Unidos). Además, la delegación de la política monetaria a una institución independiente sigue sin ser cuestionada mientras se reconoce ampliamente que la separación de las políticas monetarias y presupuestarias y su consiguiente desincronización dan como resultado una combinación de políticas limitadas. En los últimos años, las políticas no convencionales del BCE para estimular la inflación tuvieron un impacto positivo en el crecimiento y el empleo, a pesar de la falta de una política de estímulo presupuestario (causada por la imposición de la austeridad a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal), eso limita la eficiencia de la recuperación post-crisis. El T-DEM solo confiere a su nueva Asamblea más poderes de control sobre el BCE, que son extremadamente limitados en relación con la importancia fundamental de la política monetaria para implementar una transformación radical de las políticas de la UE hacia la transición ecológica, la justicia social y la reducción de las desigualdades. De manera similar, los principales obstáculos institucionales para tal transformación no se eliminan, solo su impacto será limitado gracias a la creación de la Asamblea de la zona del euro, que tendría los poderes legales necesarios para implementar medidas progresistas. El semestre europeo, el procedimiento de déficit excesivo, la llamada disciplina fiscal y presupuestaria creada por los criterios de Maastricht y reforzada por el Pacto Fiscal tendrían sus efectos atenuados por el T-DEM, pero las disposiciones que establecen estos mecanismos seguirían vigentes.
El papel central del Eurogrupo y de la Comisión con respecto a la política económica también se modificará ligeramente para dar espacio a la Asamblea y, en consecuencia, reequilibra los poderes dentro de la UEM. Sin embargo, esta alteración del equilibrio institucional de poder entre la institución y los mecanismos correctivos del gobierno de austeridad de la zona euro parece claramente insuficiente para reorientar radicalmente a largo plazo la integración europea de manera progresiva. Si queremos iniciar un nuevo tratado, es mejor que tratemos todos los problemas y no nos conformemos con algunos ajustes que limitan los fallos principales. Esta disputa limitada, o al menos esta falta de cuestionamiento global, de todas las disposiciones ordoliberales de la arquitectura actual de la UE es probablemente una elección hecha por los iniciadores del T-DEM. Probablemente decidieron centrar su propuesta en algunos aspectos centrales (presupuesto de la UE, democratización de la gobernanza de la UEM) para que el T-DEM sea más fácilmente aceptado y discutido. De hecho, su propuesta enfatiza la viabilidad legal y técnica del T-DEM, así como la credibilidad de tal solución, en lugar de abordar exhaustivamente las raíces institucionales de las políticas de austeridad y competencia ordoliberales de la UE. La consecuencia es una propuesta política menos radical cuyo alcance se limita a reequilibrar los poderes dentro de la UEM en lugar de redistribuir radicalmente las relaciones de poder dentro de la UE en su conjunto.
Conclusiones
La evaluación de una propuesta política rica, concienzuda y desarrollada rigurosamente como el T-DEM requiere verla como lo que es. El T-DEM obviamente no es una estrategia lista para usar y completa que los partidos de la izquierda radical europea pueden implementar de inmediato. Tampoco es una plataforma electoral de extrema izquierda o una crítica académica de todos los defectos institucionales de la actual UE. El T-DEM es una innovación política diseñada por académicos y puesta en debate público para ser discutida, respaldada, criticada, enmendada y reescrita. En otras palabras, es motivo de reflexión para todos los que consideran que reorientar la integración de la UE hacia objetivos progresistas y ecológicos es una necesidad absoluta. Proporciona a los partidos políticos de izquierda, a los sindicatos y a los movimientos sociales nuevas formas de pensar las alternativas a la actual gobernanza de la UEM y nuevos ángulos para abordar los debates relacionados con la arquitectura institucional de la UE. Es una propuesta de ideas que trata de imaginar qué progresista queremos que sea la integración europea. Finalmente, se trata de un sincero intento de cambiar el marco actual de la campaña electoral europea, para intentar polarizar la agenda política en torno a los problemas institucionales y no sólo en materia de inmigración y seguridad.
Además, los principales partidos de izquierda radicales y sindicatos están desaparecidos en esta lucha por reactivar el interés público por los asuntos de gobernanza de la UEM, dejando a los iniciadores de T-DEM solos en esta lucha. Además, el débil peso político de los partidos políticos que respaldaron el T-DEM (y en particular el movimiento de Hamon que se estancó en torno al 3% en las encuestas de opinión) tampoco ayuda. La confusión causada por el hecho de que Hamon apoya el movimiento europeo de primavera de Varoufakis a pesar de las diferencias sustanciales entre el T-DEM y la plataforma programática de Varoufakis [20]. Sin embargo, el T-DEM no estará obsoleto después de estas elecciones europeas. Si bien la adopción y la implementación del T-DEM en un futuro cercano parecen bastante poco realistas (casi como la opción de una revisión pacífica de los Tratados de manera progresista), algunos de sus aspectos podrían ser utilizados por los futuros diputados al Parlamento Europeo y en las luchas dentro y fuera del parlamento. De hecho, los eurodiputados podrían intentar presionar para conseguir más competencias de investigación y control para el Parlamento Europeo y desarrollar sus demandas a partir de las disposiciones de la T-DEM en ese sentido.
Al final, el T-DEM también nos recuerda que la clave para cambiar radicalmente la UE radica en la rehabilitación del nivel intergubernamental y en eludir las actuales instituciones de la UE. El camino hacia la finalización del gobierno ordoliberal sobre las políticas de la UE comienza con los gobiernos nacionales de izquierda comprometidos a hacer "lo que sea necesario" para reorientar el curso de la integración de la UE y conscientes de la necesidad de construir un frente radicalmente anti-austeridad y progresista dentro del Consejo Europeo. Por extraño que parezca, el enfoque del T-DEM tiene esto en común con una propuesta estratégica discutida entre la izquierda radical que enfatiza la necesidad de desobedecer simultáneamente los tratados (mediante la implementación de políticas sociales y ecológicas progresistas) y convertir al Consejo Europeo en un campo de batalla entre los defensores del statu quo y los gobiernos de izquierda pidiendo que los Tratados sean reescritos. Esta propuesta corresponde a la última versión de la estrategia del “plan A / plan B” de France Insoumise y su análisis compartido por el T-DEM radica en la necesidad de que los gobiernos estén dispuestos a participar en una lucha de poder radical tanto con las instituciones europeas como con las instituciones nacionales ordoliberales. La divergencia se encuentra en los medios movilizados para esta lucha: la amenaza de desobedecer los Tratados hasta ser expulsados de la UE o el inicio de una integración de la UE alternativa a través de un nuevo tratado (aparte y en contra de los actuales) por parte de Gobiernos de izquierda. Sin embargo, ambas proposiciones tienen en común una condición previa: la izquierda radical tiene que estar el poder.
Traducción: José Luis Martínez Redondo
Notas de pie:
[1] https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/09/manifesto-divided-europe-inequality-europeans
[2] https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/09/nous-lancons-aujourd-hui-un-appel-pour-transformer-les-institutions-et-les-politiques-europeennes_5394926_3232.html
[3] http://tdem.eu/en/manifesto/
[5] http://tdem.eu/en/a-budget-for-europe/
[6] https://www.socialeurope.eu/manifesto-for-the-democratization-of-europe
[7] http://www.seuil.com/ouvrage/pour-un-traite-de-democratisation-de-l-europe-stephanie-hennette/9782021372755
Una traducción al inglés ha sido publicada recientemente por la Harvard University Press: http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674988088
[8] Piketty, Thomas, Capital in the Twentieth First Century, Harvard University Press, 2014
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674430006
[9] https://www.benoithamon2017.fr/2017/03/10/pour-une-europe-desirable/
[10] http://tdem.eu/en/signatories/
[11] https://www.marianne.net/politique/quel-programme-pour-l-europe-les-reponses-de-benoit-hamon-tete-de-liste-generations
[12] los dos tratados principales son el Tratado de la Unión Europea (que originalmente fue el Tratado de Maastricht firmado en 1992) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (que originalmente fue el Tratado de Roma o el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea firmado en 1957)
[13] El T-DEM estipula que esta diferencia no puede exceder el 0.1% del PIB de cada Estado miembro. Esta disposición tiene como objetivo eludir la fuerte oposición existente en la actualidad a cualquier transferencia financiera sustancial entre los Estados miembros de la UE. Tal disposición apunta a desactivar a los críticos potenciales al asegurar que este presupuesto de democratización no favorecerá excesivamente a algunos países a expensas de otros
[14] Transparency International EU, Vanishing Act: The Eurogroup’s Accountability, February 2019
https://transparency.eu/eurogroup/
[15] https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/03/10/thomas-piketty-aimer-l-europe-c-est-la-changer_5433971_3232.html
[16] https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/03/11/que-les-multinationales-paient-leurs-impots-la-ou-elles-font-leur-chiffre-d-affaires_5434216_3232.html
[17] http://www.seuil.com/ouvrage/changer-l-europe-c-est-possible-manon-bouju/9782757879313
[18] https://www.liberation.fr/planete/2019/05/05/thomas-piketty-l-europe-peut-etre-synonyme-de-justice-sociale_1725166
[19] Esta terminología designa una alianza semi-informal de ocho Estados miembros de la UE (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos, Suecia) cuyos gobiernos comparten opiniones conservadoras similares sobre el futuro de la UEM. https://www.economist.com/europe/2018/12/08/northern-member-states-unite-on-euro-zone-reform
[20] los iniciadores del T-DEM subrayaron cuán sustanciales son estas diferencias en un artículo en Social Europe