El TTIP (Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión) que se está negociando con el secretismo habitual con el que se negocian los acuerdos comerciales, entre EEUU y la Unión Europea (a través de la Comisión Europea, su órgano ejecutivo y también legislativo) representa un ataque frontal contra la democracia, la soberanía y los derechos sociales, laborales, sindicales y medioambientales, entre otros.
Existen numerosos ejemplos y experiencias previas. Varios estudios de impacto independientes coinciden en que el NAFTA, (TLC entre EEUU, Canadá y México) que lleva 20 años en vigor, ha tenido consecuencias desastrosas para la población mexicana: disminución del salario mínimo (-17.9%), aumento de la desigualdad y de la pobreza (incremento del 21.46% antes del NAFTA al 50.97% después del acuerdo comercial), deterioro ambiental o éxodo de campesinos a las ciudades (2.7 millones de granjeros mexicanos han abandonado sus tierras), entre otros. Al otro lado de la frontera, las consecuencias también se pueden cuantificar: caída de los salarios como consecuencia de la relocalización de empresas en México, donde la mano de obra es más barata y por consiguiente cierre de más de 60 mil empresas manufactureras estadounidenses. Otro ejemplo sangrante lo representa el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea. Se ha extendido la práctica lamentablemente de acaparamiento de tierras. Las corporaciones transnacionales se apropian de las tierras de los campesinos, violando los Derechos Humanos y cortocircuitando los procesos, ya difíciles, de dignificación de los pueblos indígenas.
El TTIP no es un tratado de libre comercio al uso, que ya de por sí han demostrado no ser beneficiosos para los pueblos y sus gentes. El TTIP es un acuerdo geoestratégico que pretende crear un bloque macroeconómico que, por un lado, frenaría la expansión, el crecimiento y el control hegemónico de los países BRICS (Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica), y por otro lado, impondría las reglas de juego comerciales a terceros países, perjudicando especialmente, como es obvio, a los países en vías de desarrollo.
Ambos lados del atlántico representan el 12% de la población mundial y el 50% del comercio mundial. ¿Para qué entonces firmar un tratado comercial entre los dos bloques con mayor comercio? Ambos lados del atlántico representan el 60% del PIB mundial, distribuido de una manera absolutamente desigual: el 70% de la población tiene el 2.7% de la riqueza, frente al 8.7% de la población que ostenta el 87% de la riqueza. El TTIP supondría abrir un camino de no retorno que ahondaría aún más esta brecha de desigualdad y de no redistribución de la riqueza.
Consecuencias del TTIP
Existen numerosos estudios de impacto que el TTIP provocaría en nuestra sociedad en los próximos años. Los estudios más optimistas encargados por la propia Comisión Europea auguran un aumento de la renta per cápita de 50€ anuales. Y esos son los más optimistas!
Jeronim Capaldo, economista de la Universidad de Tuffs y actual miembro investigador de la OIT, realizó un estudio de impacto independiente pionero, ya que es el único que se basa en el modelo de las Naciones Unidas, que tiene en cuenta variables como la desigualdad, los salarios, los ajustes macroeconómicos y las tendencias políticas. Según el estudio de Capaldo, el TTIP provocaría pérdidas en los ingresos de los trabajadores de entre 5.500€ y 3.400€ anuales por trabajador, pérdidas en las exportaciones netas o en el PIB (-0.50% en el norte de Europa o -0.29% en Alemania). A causa de la relocalización de las empresas, se calcula que se perderían 600.000 empleos en toda Europa. Además de una notable reducción de los ingresos públicos de los Estados que conllevaría a un incremento de los déficits públicos.
Por otro lado, la aplicación de la cláusula ISDS, supondría la imposibilidad de remunicipalizar servicios públicos que han sido previamente privatizados. Las luchas sociales, como las llevadas a cabo en Irlanda en contra de las tarifas sobre el agua caerían en saco roto, puesto que instancias supranacionales antidemocráticas, podrían actuar como co-legisladores, frente a la legitimidad democrática de los gobiernos. Como dato a tener en cuenta de esta capacidad co-legisladora que se le otorgaría a las corporaciones transnacionales, recordar que en el proceso de negociación la Comisión Europea admite que el 92% de las reuniones que ha mantenido ha sido con grandes multinacionales, frente a un 8% con plataformas de la sociedad civil. El TTIP y la aplicación de la cláusula ISDS supondrían una oleada de privatizaciones, puesto que se abriría la puerta a que las empresas entren a hacer negocio con los servicios públicos.
También se vería afectada la compra pública que representa un 15% del PIB europeo, lo que convierte a los gobiernos, sean estatales, regionales o locales, en un potente consumidor y empleador. Se cortocircuitaría la compra pública responsable, que premia a empresas que respetan el medio ambiente o que aplican condiciones laborales dignas para sus trabadores. Si bien no son condiciones de obligado cumplimiento, la inclusión de este tipo de criterios, favorece al tejido industrial local, particularmente a las PYMES locales, promoviendo al mismo tiempo otro tipo de economía, social y solidaria. Por ejemplo, una pequeña empresa local de mobiliario, no podría competir con la política de precios de una gran multinacional, que en muchos casos se podría permitir tener pérdidas temporalmente, con el objetivo de "ganar mercado".
La polémica cláusula ISDS – sistema de resolucion de disputas entre inversores y Estados
El ISDS (Investor- State dispute settlement) es un sistema de arbitraje privado que resolvería las disputas entre inversores y Estados, en el caso de que los primeros considerasen que la legislación de un Estado va en contra de sus beneficios, reales o esperados. Esto de por sí representa una aberración, puesto que pone en el mismo nivel a una empresa y a un Estado. Las empresas y los Estados no tienen los mismos objetivos, intereses y ni por supuesto la misma legitimidad.
Esta cláusula no es nueva, sino que está incluida en varios tratados comerciales. El CETA (TLC entre Unión Europea y Canadá), considerado el hermano pequeño, y proyecto piloto del TTIP, que aún se tiene que refrendar en la Eurocámara, incluye esta cláusula abusiva y antidemocrática.
Hay numerosos casos de cómo funciona el ISDS, que van desde el pago de cuantías millonarias por parte del Estado a grandes multinacionales. Sin embargo el caso de Egipto es especialmente ilustrativo. Una empresa francesa, Veolia, amagó con demandar al Estado egipcio, puesto que éste propuso aumentar el salario mínimo en 50€ anuales. La multinacional que operaba en el país, consideraba que esta normativa le haría tener unos beneficios menores de los esperados. Había tres opciones: a) que el Estado indemnizara a la empresa pagándole los beneficios que dejaba de ganar; b) acudir a uno de estos tribunales de arbitraje privado para que resolviera el conflicto, asumiendo con dinero público las cuantías millonarias que cuestan estos árbitros privados; c) que el Estado se retractara y no aprobara ese proyecto de ley. Egipto eligió la tercera opción. En cualquiera de las tres, quienes pagan son siempre los mismos: la ciudadanía, porque o bien ve reducidos sus derechos o bien asumen con dinero público indemnizaciones millonarias a las empresas o costes millonarios elevadísimos de los tribunales de arbitraje privados, que son grandes multinacionales dedicadas a la cosultoría.
La opción que eligió Egipto es lo que se denomina el "regulatory chill", es decir, que los Estados dejan de legislar o regular en determinadas materias laborales, ambientales o sociales, por miedo a ser demandados por empresas que consideren que sus beneficios van a disminuir. Es importante recalcar "dejar de ganar", puesto que no es lo mismo que perder. Es una muestra más de la perversión y la avaricia inhumana con la que operan las grandes corporaciones, que no conocen límites, ni patria, ni dignidad.
El TTIP en el Parlamento Europeo
Recientemente, en el Parlamento Europeo, hemos asistido a un espectáculo bochornoso y lamentable de usurpación de la democracia e instrumentalización de las instituciones en favor de los intereses de unos pocos. En la sesión plenaria de junio, tenía que tener lugar el debate y la votación de un informe del TTIP, que la propia Comisión de Comercio Internacional, encargada del seguimiento de las negociaciones. Este informe no representa más que unas recomendaciones o una toma de temperatura de la opinión del Parlamento Europeo, con el objetivo de que la Comisión Europea, responsable de las negociaciones, continúe su labor. Las ya mermadas competencias del Parlamento Europeo, se vieron truncadas cuando se cancelaron las votaciones y el propio debate en el último momento. La justificación, meramente técnica y procedimental apelaba al alto número de enmiendas, no era creíble. En realidad, el caballo de Troya, el conocido ISDS, fue el motivo real. La gran Coalición, formada por populares, liberales y socialdemócratas no llegó a un acuerdo sobre la polémica cláusula. La presión de la sociedad civil y la amplísima movilización a lo largo y ancho de toda Europa, provocó que varios socialistas europeos se alinearan con las propuestas de la izquierda unitaria y de los verdes: rechazo sin ambigüedad del ISDS. De este modo, la mayoría de la Eurocámara votaría en contra del sistema privado de arbitraje. Se abrió una grieta en la Gran Coalición que los defensores del TTIP no iban a consentir. Así que suspendieron la votación y el debate hasta nuevo aviso, porque parece que a algunos solo les gusta la democracia cuando ganan, y cuando pierden recurren a la política de despachos y de acuerdos de espaldas a la ciudadanía.
Quedó, por tanto, de manifiesto que el ISDS no es un atrezo, no es una parte más del TTIP, sino un pilar fundamental de este tratado. El TTIP sin la perversa cláusula no tiene sentido.
Clases populares vs oligarquía: la lucha continúa
El TTIP no es una lucha entre Estados Unidos y la Unión Europea, el TTIP es una lucha entre la ciudadanía y los poderes económicos. Las plataformas sociales de los EEUU también se movilizan para manifestar su rechazo a este acuerdo comercial. Además, más de 30 congresistas han mandado una carta a Obama solicitando la paralización de las negociaciones del TPP, el hermano gemelo del TTIP pero con países del Pacífico. Todo esto que ocurre al otro lado del atlántico, demuestra que la lucha común es contra los poderes fácticos y las oligarquías.
Las negociaciones siguen en marcha, pero hasta finales de 2016 es bastante probable que no terminen. Así pues hay tiempo para seguir luchando en las calles y para pedir a nuestros representantes en todos los niveles de gobierno que exijan un Referéndum vinculante, para que sea la ciudadanía la que decida. Es una cuestión de democracia y de responsabilidad política, puesto que este tratado cambiaría por completo nuestra vidas, nuestro estado de derecho y nuestras democracias (ya débiles de por sí, con un sistema representativo cada vez más desgastado).
*Campaña europea de recogida de firmas https://stop-ttip.org/