Enrique Santiago: “Hay que reconstruir lo común, lo que nunca debió ser privatizado.”

La crisis sanitaria y económica generada por pandemia mundial del Covid19 llegó cuando el gobierno progresista de coalición PSOE-Unidas Podemos sólo llevaba 70 días ejerciendo. “Afortunadamente para la clase trabajadora de este país estábamos en el gobierno cuando todo esto ha sucedido porque si no, no se habrían aprobado la mayoría de las medidas que se han adoptado y habría ocurrido como en 2008” dice Enrique Santiago en esta entrevista para Mundo Obrero.

El objetivo es no dejar a nadie atrás. Para ello se ha levantado un escudo social, 3,5 millones de personas han salvado su trabajo gracias a los ERTEs, que se han ampliado hasta el 30 de junio, y en las próximas semanas se aprobará el Ingreso Mínimo Vital. La forma de salir de esta crisis se determinará en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que empezó ya a trabajar en el Congreso. Enrique Santiago, elegido vicepresidente, defiende que esta Comisión es lo más parecido a un proceso constitucional. Para conseguirlo, dice, hace falta que la gente acompañe con la movilización política, social y sindical.

Ver también: transform! europe‘s entrevista online con Enrique Santiago

P: El manifiesto del PCE del 1º de Mayo decía: “esta crisis no se está gestionando, ni vamos a permitir que se gestione, como otras” ¿Qué significa en estos momentos que el Partido esté en el gobierno?

ENRIQUE SANTIAGO: Significa que tengamos herramientas para poner en marchas medidas concretas que posibiliten que nadie se quede atrás y que la prioridad no sea, como en el 2008, rescatar el capital financiero sino a las personas, especialmente las más vulnerables.

También decía: “nos toca asumir el papel de la clase obrera y de sus organizaciones políticas y sindicales”. ¿Cuál es el papel que nos toca desempeñar a los comunistas en esta coyuntura?

Estamos trabajando fundamentalmente para sumar apoyos al gobierno. Sabemos que la actual correlación de fuerzas no nos permite, a la izquierda alternativa y a los comunistas, hacer las políticas que desearíamos al 100%. Unidas Podemos tiene 10% de los diputados en el Parlamento y por eso es trascendental conseguir invertir esa correlación de fuerzas mediante el apoyo popular que el componente de la organización y la movilización social y popular se sume al componente meramente institucional. Nuestro papel en esta crisis está siendo canalizar todos estos apoyos tanto a través de propuestas como a través de organización de colectivos sustentando al gobierno y haciendo suyas las distintas propuestas aprobadas por el gobierno. Así conseguimos invertir la correlación de fuerzas, mejorarla a favor de los intereses populares y poder hacer políticas mucho más avanzadas.

Acabas se ser elegido Vicepresidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Parlamento. Ahí nos jugamos cómo va a ser la salida de la crisis ¿Qué vamos a intentar sacar de esta comisión?

Va a ser lo más parecido a impulsar un nuevo pacto o proceso constituyente. Se trata de sentar una serie de bases, lo más consensuadas posibles, sobre las que construir la institucionalidad y garantizar los derechos en España y que eviten que nos volvamos a encontrar en una situación como la que nos hemos encontrado.

Lo que ha quedado de manifiesto es que el sistema capitalista, además de sumamente injusto, tiene los pies de barro y es incapaz de garantizar una vida digna a las personas, en especial en esta fase de políticas neoliberales, desregulación y de pérdida de capacidad de intervención de las administraciones públicas y de desregulación de los derechos de los últimos años. La vulnerabilidad de las personas ha quedado más de manifiesto y se trata de revertirlo, de reconstruir lo común, lo que nunca debió ser privatizado ni salir del espacio común. Hay que garantizar los sistemas de protección para todo el mundo: los sistemas de salud, los sistema de atención y garantía de los derechos sociales.

Garantizar también la capacidad de decisión y dirección de la economía. Ha quedado de manifiesto que España ha perdido absolutamente su soberanía económica y productiva. Encontrarnos en una situación de emergencia y ser incapaces de producir cosas tan básicas como equipos de protección o respiradores pone de manifiesto que la deslocalización económica no ha sido un fenómeno aislado sino que ha invertido absolutamente el sistema productivo y ha acabado con la capacidad industrial de nuestro país.

Supone una nueva fiscalidad, una nueva política de ingresos que garantice que hay ingresos suficientes para distribuir. Y por supuesto repensar nuestra relación política con los países de nuestro entorno, que tiene que ser de solidaridad y no simplemente la creación de mercados donde los grandes grupos económicos articulen la relación entre los pueblos en función de sus intereses.

Esta crisis ha dejado al descubierto la fragilidad económica y laboral de este país: gran precariedad, temporalidad y economía sumergida. Hace menos de un año el 21% de la población estaba bajo el umbral de la pobreza. Hoy toda esta gente se ha quedado sin nada. Frente a ese abismo el gobierno ha desplegado un escudo social. ¿Se está consiguiendo no dejar a nadie atrás?

Nuestro objetivo al entrar en el gobierno era precisamente que los sectores más vulnerables, la clase trabajadora tuviera una fuerza política en las instituciones que velara por ellos y garantizara sus derechos, que corrigiera las desigualdades. Es decir, nuestra razón de ser en el gobierno es conseguir la mejora de las condiciones de vida de esos sectores. Y afortunadamente para la clase trabajadora de este país estábamos en el gobierno cuando todo esto ha sucedido porque si no habría ocurrido como en el 2008: la gente habría sido desahuciada, se encontraría sin vivienda, sin trabajo y sin recibir ningún tipo de ayuda o apoyo, se enfrentaría a cortes de suministros energéticos y básicos en sus casas. Y eso es lo primero que hemos garantizar que esta vez no va a pasar lo mismo.

En España nadie va a poder ser desahuciado en los próximos seis meses y probablemente conseguiremos ampliar ese periodo más tiempo hasta que haya una completa recuperación social y económica. De momento hemos conseguido una moratoria en el pago de las cuota hipotecarias y unos aplazamientos y renegociaciones en el caso de las rentas de arrendamientos. Hemos conseguido prohibir el corte de los suministros básicos. Además del escudo social de todas esas ayudas se va a garantizar que a principios del mes de mayo 5,3 millones de personas que se han visto con la pérdida o suspensión de su puesto de trabajo tengan un dinero contante y sonante en el bolsillo. El día que nuestra correlación de fuerza no nos permita garantizar eso, evidentemente no tendrá ningún sentido que estemos en el gobierno, porque Unidas Podemos no está en el gobierno para ocupar cargos institucionales, está para garantizar los derechos de nuestro pueblo.

La tasa de desempleo en España está actualmente en el 14,8% (abril 2020). Esta tasa está muy por encima de la media en la Eurozona (7,3%), pero permanece relativamente estable en los últimos meses.

             

Tasa de desempleo en España, junio 2019- abril 2020
Fuente. Eurostat

Una de las primeras medidas fue proteger los puestos de trabajo con ERTEs y a lxs trabajadorxs más vulnerables con el Ingreso Mínimo Vital.

El Ministerio de Trabajo está haciendo una tarea excepcional. A través de él, el gobierno ha impulsado una serie de medidas para no dejar a nadie atrás. Entre el 28 de abril y el 5 de mayo en España se han pagado 5.300.000 prestaciones a cargo del Ministerio de Trabajo; desde las prestaciones de desempleo, que se han garantizado para que no se extingan durante este crisis, a los más de 3 millones de prestaciones a trabajadores y trabajadores en ERTES que han servido para garantizar que no se les despida. Pero también se han puesto en marcha prestaciones que no existían: para las trabajadoras y trabajadores del hogar y para los autónomos por reducción o cese de actividad. 

¿Vamos a tener recursos para mantener el escudo social?

Probablemente con el actual sistema de recaudación no. Y menos si hay comunidades autónomas como la de Madrid, donde más actividades económicas hay, en la que se bajan sistemáticamente los impuestos a los grandes grupos económicos que tienen beneficios, pero luego le exigen al gobierno de España que lo abone. Es lo que ha hecho la señora Ayuso: solicitar al gobierno central los 2 millones que ha condonado a empresas con beneficios.

A nivel fiscal hay una cuestión a tener muy en cuenta. Nuestro sistema fiscal no es confiscatorio, las empresas sólo pagan impuestos si tienen beneficios, y además sólo pagan impuestos sobre sus beneficios, a diferencia de lo que ocurre con las trabajadoras y trabajadores que pagan impuestos sobre la totalidad de los rentas, y aunque el balance de los ingresos sobre los gastos no de positivo, se paga igual. Lo que no tiene sentido es que el actual sistema fiscal además de hacer pagar sólo a las empresas si tiene beneficios, encima se baje la tributación sobre esos beneficios hasta cantidades irrisorias.

La banca en España está pagando un 5,5% de impuestos sobre sus beneficios mientras que cualquier trabajador paga un 15 ó un 20% sobre sus ingresos. Con esto es con lo que hay que acabar. ¿Qué hemos manifestado desde el primer momento? Que las empresas que han tenido beneficios fiscales en 2018 y 2019, tiene que utilizar esos beneficios en distribuir riqueza porque estamos en una situación de urgencia donde todo el mundo tiene que apretarse el cinturón. 

Por eso, una de las tareas esenciales de la Comisión de Reconstrucción va a ser reorganizar el sistema fiscal. No podemos tener un sistema que recaude entre los pobres y condone la recaudación fiscal entre los ricos, sino un sistema sensato, y no estoy hablando de sistemas socialistas, sino de sistemas democráticos e incluso liberales: la recaudación tiene que ser progresiva entre los que más ingresan. Hay que acabar con esa absoluta orgía de condonaciones fiscales que han hecho las políticas neoliberales en nuestro país en los últimos años.

¿A dónde se puede ir con una confrontación política tan visceral como la que hay en España en un momento en el que lo que está en cuestión es la vida de las personas y asegurarles los recursos mínimos para salir adelante?

La derecha ha sido incapaz de tener la más mínima generosidad para construir acuerdos, consensos y anteponer el interés general de los españoles a su intereses particular. Han intentado convertir una catástrofe natural, mundial, en un argumento para derribar el gobierno. No soportan que por primera vez desde hace 80 años hay una fuerza política de la izquierda alternativa y transformadora que está en el gobierno y con los resultados que se está viendo.

Para ellos, el ejercicio de la política no es ni más ni menos que un ejercicio de interés económico. Su interés en que exista el Estado simplemente tiene que ver con la posibilidad de saquearlo constantemente. Cuando acabe toda esta crisis y se analicen los resultados se verá claramente que los sectores más afectados en cuanto a mortalidad han sido los sectores externalizados, privatizados y donde ha habido más recortes de presupuesto público, como ha sucedido en las residencias de la tercera edad en la comunidad de Madrid.

¿Hay peligro de que se pueda romper la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno? 

Creemos que no porque afortunadamente esa mayoría que permitió, primero, la moción de censura y, luego, el acuerdo de investidura, es una mayoría responsable que más allá de desencuentros puntuales por cuestiones relacionadas fundamentalmente por la gestión territorial de la crisis de emergencia sanitaria, social y económica, tiene un interés en que las instituciones de este país no caigan nuevamente en manos de esa derecha depredadora que se ha dedicado a saquear los servicios públicos. En estos momentos impedir que gobierne la derecha es una cuestión de seguridad humana, de garantía del derecho a la vida, a la salud y a la integridad, y eso está por encima. Creo que esa mayoría no está en peligro. Hay que cuidarla, mantener mucho diálogo y encuentro, analizar conjuntamente las distintas opciones que son más favorables en cada momento. La rapidez con la que ha habido que abordar situaciones nuevas ha hecho que se haya priorizado constantemente lo inmediato y que quizá no haya habido tiempo para reflexionar con tranquilidad y para el diálogo. Estamos analizando e intentando mejorar ese aspecto de permanente diálogo e intercambio.

El PCE llama a una movilización política, social y sindical para apoyar a este gobierno de coalición. Este gobierno molesta mucho a la derecha y a los poderes económicos ¿Por qué es importante esta movilización popular?

Es fundamental blindar este gobierno y su tarea desde todos lo puntos de vista y desde todas la áreas. Creemos que es imposible que avance un proyecto de construcción popular sino es con el acompañamiento permanente de nuestro pueblo que no puede limitarse a depositar una papeleta en las urnas cada cuatro años. La movilización a la que hacemos referencia tiene que incluir a todos los sindicatos de clase, a todos los colectivos sociales, a personas individuales, a todos los que trabajan en cualquier conflicto social, los que enfrentan las contradicciones diarias del sistema capitalista. Todos somos parte del mismo proyecto. Con esa movilización queremos empoderar a nuestro pueblo a las clases populares, a los sectores que se organizan en torno al conflicto social y político e incorporarles como motores del cambio social que necesita nuestro país en estos momentos. Unidas Podemos en la herramientas de manifestar esa presencia en las instituciones.

¿Puedes hablarnos de la campaña aprobada para desarrollar el espacio político de UP?

En los órganos del Partido, de Izquierda Unida, de Unidas Podemos, hemos ido concretando esa necesidad de incorporar a todos los sectores organizados en torno al conflicto a la tarea del gobierno a través del trabajo de Unidas Podemos. Igual que desplegamos campañas para reforzar el proceso de construcción de unidad popular desde las elecciones de abril de 2019, creemos que, en este momento más que nunca, los sectores conscientes de nuestro pueblo tienen que participar activamente en la defensa de un gobierno que por primera vez en muchos años antepone los intereses de la mayoría a los intereses participares. El éxito de la campaña consiste en conseguir movilización y apoyo permanente que va a ir incrementando nuestra influencia en el gobierno y en las instituciones.

Hay demasiadas instituciones que tienen vida propia y que están bastantes sustraídas del control democrático y ciudadano, por ejemplo el poder judicial y otros cuerpos de la Administración del Estado que han demostrado que en determinados casos tienen capacidad de interferencia para retardar las medidas acordadas por el gobierno democráticamente elegido. Eso puede contrarrestar con un pueblo organizado.  

Originalmente publicado en la web de Mundo Obreiro (versión completa)