En las fronteras de la Unión Europea vuelve a producirse una emergencia humanitaria: los refugiados se encuentran atrapados entre Polonia y Bielorrusia mientras el gobierno polaco toma medidas cada vez más agresivas e incluso ha declarado el estado de emergencia en dos de sus regiones.
El miércoles 20 de octubre, otro refugiado fue encontrado muerto en la frontera polaco-bielorrusa. El número total de refugiados de los que se tiene constancia que han muerto en las últimas semanas intentando cruzar de Bielorrusia a Polonia se eleva así a ocho. Los grupos de refugiados -procedentes de Afganistán, Irak, Kurdistán y Siria- han quedado en tierra de nadie en los bosques y pantanos de la frontera entre ambos países. Carecen de alimentos, agua, ropa y cobijo, y la situación empeora a medida que se acerca el invierno. Algunos de los refugiados han acusado a las autoridades polacas y bielorrusas de tratarlos con violencia.
Miles de refugiados han llegado a Bielorrusia en las últimas semanas, esperando poder viajar después a la Unión Europea. Tras el apoyo activo del gobierno polaco y de la Unión Europea al movimiento de oposición en Bielorrusia, las autoridades bielorrusas han respondido no impidiendo que los refugiados intenten cruzar la frontera polaca. El gobierno polaco les ha acusado de participar en una "guerra híbrida" contra Polonia y de animar activamente a los refugiados a intentar entrar en Polonia. Si esto es cierto, el gobierno polaco ha hecho el juego al gobierno bielorruso con su trato inhumano a los refugiados, permitiéndoles presentar a Polonia como un Estado que no respeta los derechos humanos.
El gobierno polaco ha mantenido la dura postura que adoptó contra los refugiados en 2015. Entonces, el nuevo gobierno de Ley y Justicia (PiS) se negó a aceptar su cuota de refugiados previamente acordada como Estado miembro de la Unión Europea. Durante la campaña electoral parlamentaria de ese año, el PiS azuzó la hostilidad hacia los refugiados, con su líder, Jarosław Kaczyński, afirmando que podían traer enfermedades al país. Esta vez el gobierno ha ido aún más lejos en sus acciones y en su retórica.
Al parecer, las fuerzas de seguridad polacas han hecho devoluciones ilegales de los refugiados, incluidos niños, por la frontera con Bielorrusia. Se han desplegado cientos de soldados y se ha construido una valla de alambre de púas a lo largo de la frontera. A finales de agosto, el presidente Andrzej Duda, a petición del gobierno, decretó el estado de excepción en la región fronteriza con Bielorrusia (provincias de Podlaskie y Lublin). En ella se han suspendido algunos derechos constitucionales (como las reuniones públicas) y sólo se permite la entrada a la región a quienes viven o trabajan en ella. El decreto prohíbe a las personas hacer fotografías en la zona fronteriza, incluidas las de guardias, policías, militares e infraestructuras fronterizas. A finales de septiembre, el parlamento polaco votó a favor de prorrogar el estado de emergencia tras expirar el periodo inicial de 30 días. Luego, a mediados de octubre, los diputados votaron la construcción de un nuevo muro en la frontera con Bielorrusia, cuyo coste se estima en más de 353 millones de euros.
La instauración del estado de excepción significa que los activistas, las ONG y los periodistas no pueden registrar lo que ocurre en la frontera, ni prestar ayuda a los grupos de refugiados que se refugian allí. Esto permite al gobierno deshumanizar aún más a estas personas y desviar la atención de la sociedad de su sufrimiento. Durante una rueda de prensa, los ministros del gobierno afirmaron haber obtenido material de los teléfonos móviles de los refugiados, incluyendo imágenes pornográficas y enlaces a organizaciones terroristas. A pesar de lo endeble de estas pruebas, el gobierno intenta pintar a los refugiados como "desviados" y como una amenaza terrorista.
Aunque la retórica del gobierno polaco es especialmente brutal y xenófoba, sus acciones cuentan con el apoyo general de la Unión Europea. Cada año mueren miles de refugiados intentando entrar en la Unión Europea y muchas de estas muertes se atribuyen a que la agencia de fronteras de la Unión Europea, Frontex, hace devoluciones en caliente de los refugiados que huyen de las guerras. El responsable de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, ha declarado que se solidariza "con Lituania, Letonia y Polonia y estamos dispuestos a tomar todas las medidas para apoyarles si la situación sigue deteriorándose". Donald Tusk, ex presidente del Consejo Europeo y actual líder del principal partido de la oposición polaca, Coalición Ciudadana (KO), se hizo eco de la dura postura del gobierno contra los refugiados, declarando:
“Las fronteras de Polonia deben ser herméticas y estar bien protegidas. Quien lo cuestione no entiende lo que es un Estado. La protección no es una propaganda antihumanitaria, sino una acción eficaz. Bajo el mandato de PiS, un número récord de inmigrantes ilegales ha cruzado la frontera polaca".
La ola de propaganda negativa ha provocado un aumento de la hostilidad hacia los refugiados en Polonia. En una reciente encuesta de opinión, casi el 55% de los encuestados dijo que Polonia no debería permitir la entrada de refugiados en el país (el 21,1% dijo que definitivamente no debería hacerlo); más del 38% cree que debería hacerlo (sólo el 7,4% dijo que definitivamente debería hacerlo). Además, más del 47% de los polacos apoya la construcción de un muro en la frontera polaco-bielorrusa, frente a más del 22% que está en contra de su construcción. El gobierno polaco ha conseguido convencer a la mayoría de la sociedad de que los refugiados son una amenaza para la sociedad y ha desviado la atención del sufrimiento humano. Sin embargo, el empeoramiento de la situación humanitaria en la frontera está empezando a cambiar la opinión pública en algunos ámbitos. Por ejemplo, a la pregunta sobre la expulsión del gobierno polaco de un grupo de familias iraquíes y kurdas a través de la frontera, el 49% respondió que lo consideraba negativo y el 36% positivo.
A pesar del apoyo prestado por Tusk para evitar que los refugiados crucen la frontera, algunos políticos de su partido, KO, han hecho una campaña activa para ayudar a los refugiados y los diputados de KO han votado en contra de prorrogar el estado de emergencia y construir un muro fronterizo. KO busca el apoyo de la Unión Europea y ha instado al gobierno a permitir que las fuerzas de seguridad de Frontex ayuden a vigilar la frontera oriental de Polonia. Las acciones pasadas de Frontex sugieren que esto no mejoraría la situación. De hecho, los políticos del PiS se refieren regularmente al apoyo que les ha dado la Unión Europea y argumentan que están actuando de acuerdo con sus deseos.
La agrupación de centro-izquierda (La Izquierda) en el parlamento ha adoptado una postura de oposición a las acciones del gobierno, por principios. Se ha centrado en la cuestión de la protección de la salud, la vida y los derechos de los refugiados y se ha opuesto a que se les expulse a través de la frontera. Grupos de activistas y ONG (como la Fundación Ocalenie) han intentado ayudar a los refugiados y concienciar a la sociedad sobre su situación. Las movilizaciones contra las acciones del gobierno fueron inicialmente pequeñas, pero han crecido en tamaño a medida que la situación en la frontera ha empeorado. El domingo 17 de octubre se celebraron manifestaciones en todo el país, incluso en la capital, Varsovia, donde miles de personas se manifestaron bajo el lema "Detener la tortura en la frontera". Los manifestantes llevaban banderas hechas con mantas térmicas para simbolizar el sufrimiento actual de los refugiados y la necesidad de proporcionarles ayuda y apoyo. Estas acciones son esenciales para mantener la presión sobre el gobierno polaco y la Unión Europea y recordar a la población los terribles acontecimientos que se están produciendo en sus fronteras.