The signatories to the manifesto, drafted by the European Environmental Bureau (EEB) and other organisations, are calling for a deep reform of the EU’s fiscal rules to reorient it towards achieving social, intergenerational and gender justice as well as protecting the climate and the environment. Find below the complete list of the first signatories.
Somos organizaciones civiles, comités de expertos y sindicatos apoyados por académicos de toda la Unión Europea.
Nos hemos reunido para exigir una profunda reforma de las normas fiscales de la Unión Europea.
El objetivo de la política económica en Europa no debe ceñirse únicamente a reducir la deuda. La economía necesita cumplir con la reducción de desigualdades en el plano socioeconómico, intergeneracional y de género, la materialización de los derechos sociales y la protección del clima y el medio ambiente. El ámbito fiscal de la Unión Europea debería respaldar las transiciones justas y una transformación sistemática de nuestras economías y sociedades para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C.
El Tratado de Maastricht, firmado en 1992, y los cambios legislativos posteriores a la crisis financiera, originaron unas estrictas restricciones fiscales limitando la deuda pública y los déficits de los Estados miembros. Aunque la coordinación en cuanto a las políticas fiscales es necesaria en una unión monetaria, estas normas, teniendo en cuenta los nuevos retos a los que se enfrenta Europa, dejan de ser adecuadas para su propósito.
En primer lugar, imponen unos límites continuos al gasto público, reduciendo el empleo y la inversión. En muchos países las tasas de desempleo, en particular las que afectan a los a los jóvenes, todavía se encuentran en niveles inaceptables.
En segundo lugar, no garantizan que nos podamos adaptar y aliviar el cambio climático a través de una transición justa. La brecha de inversión ambiental ha sido estimada recientemente en 520 mil millones de euros. Para cubrir tal falta, se va a necesitar una gran suma de fondos públicos. La imposición de las arbitrarias restricciones fiscales imposibilita este objetivo.
La vuelta a las normas fiscales de la UE (interrumpidas durante la crisis de la COVID-19) conllevaría a importantes recortes del gasto público en la gran mayoría de los Estados miembros. Una nueva austeridad pondría en peligro la recuperación de los impactos socioeconómicos de la pandemia de la COVID-19, y destruiría por completo el progreso realizado gracias al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se intensificarían las desigualdades sociales y la confianza de los ciudadanos en la UE se deterioraría. Además, dejaría a mucha gente y a sus gobiernos sin los recursos suficientes para comprometerse con la causa ecológica y una transición justa, afectando a la solidaridad y el acercamiento entre los Estados miembros.
De esta manera, pedimos una profunda reforma del marco de gobernanza económica de la UE para garantizar que las normas fiscales reformadas sean coherentes con los objetivos sociales, climáticos y medioambientales acordados por la UE. La calidad del gasto es esencial: el dinero de los ciudadanos debe gastarse bien y cumplir con los objetivos democráticamente definidos.
Exigimos una transformación socioeconómica de nuestro modelo económico, un cambio de referente, destacando la necesidad de una inversión pública considerablemente mayor, al igual que una fuerte dimensión social de la gobernanza económica respaldada por el pilar europeo de los derechos sociales.
Además, también solicitamos un nuevo enfoque para asegurar la sostenibilidad de la deuda de los Estados miembros. Las reformas han de considerar los contextos nacionales, la necesidad de evitar la contraproducente austeridad, la convergencia de las economías europeas y la acumulación de riesgos fiscales.
Los riesgos fiscales relacionados con el clima -es decir, el impacto que tendrá en los presupuestos públicos la falta de inversión en la mitigación y adaptación al cambio climático- deben formar parte de los análisis de sostenibilidad de la deuda específicos de cada país.
Las medidas reglamentarias y administrativas, los impuestos y la financiación adicional también tienen un papel que desempeñar para desencadenar y orientar las inversiones privadas.
Y lo que es más importante, los gobiernos tienen la responsabilidad de dirigir el camino para llevar a cabo una transición verde socialmente justa. La Unión Europea no puede permitirse tomar otro camino.
#FiscalMatters
#EcoFin