El 2 de octubre se ha realizado un referéndum nacional sobre el sistema de cuotas de la UE para refugiados y sobre las políticas de migración de Hungría en un clima dominado por una propaganda racista de estado. Mientras una gran mayoría de los participantes votaron en contra de las cuotas de la UE para migrantes – el 98% -, la participación fue demasiado baja para que este referéndum tenga validez. El gobierno sigue diciendo que el referéndum fue un éxito y quiere cambiar la constitución en correspondencia.
El referéndum y la formulación de la pregunta del referéndum, la campaña de desprestigio en el período previo a la consulta y las medidas adoptadas posteriormente representan un nuevo máximo en las políticas racistas y autoritarias del gobierno húngaro.
‘¿Quieres permitir que la Unión Europea obligue a la reubicación de los ciudadanos no húngaros en Hungría sin la aprobación de la Asamblea Nacional?’ – Esta fue la pregunta cínica que planteaba el referéndum. La participación del 43% estuvo, sin embargo, muy lejos del umbral del 50% que se requiere para que el referéndum sea válido.
Propaganda racista de estado
Los meses y semanas previas a la consulta se caracterizaron por una campaña gubernamental a gran escala, que el filósofo húngaro Miklós Gáspár Támas denominó como ‘la ola más grande de propaganda racista desde el final de la Segunda Guerra Mundial’ [1]. Más de 32 millones de € de fondos públicos se gastaron en carteles, folletos, stands ‘informativos’, regalos publicitarios y llamadas de teléfono personales (llevadas a cabo por funcionarios) para convencer a la gente a votar ‘no’ y – tal y como dice el gobierno – ‘para enviar un mensaje a Bruselas y poner fin a la amenaza planteada por la inmigración para el futuro de Hungría’. Se realizaron afirmaciones insostenibles, por ejemplo: ‘los inmigrantes indocumentados no respetan las normas europeas, incluidos los derechos de la mujer’, ‘desde el inicio de la crisis de refugiados, los casos de acoso han aumentado de forma espectacular’ y ‘los ataques de París y Bruselas demuestran que existe una clara relación entre la inmigración y el terrorismo’ con el fin de subrayar la necesidad de obtener un ‘no fuerte’[2].
La extensión de la propaganda de estado y su racismo fue abrumadora, pero no fue una sorpresa. El año pasado, al comenzar la construcción de la valla que cierra la frontera con Serbia, se aprobaron enmiendas cada vez más restrictivas a las leyes para negar a las personas el acceso a la protección internacional, suprimir de manera sistemática los beneficios para los refugiados y legitimar la violencia policial en las fronteras [3].
Opción 1: Reasentamiento forzado de la EU
El referéndum se celebró en reacción a la "reubicación de emergencia ‘de 160.000 refugiados (según lo propuesto por el ‘Programa Europeo sobre Migración’ [4]) de los Estados Miembros de la UE particularmente afectados a otros Estados Miembros. Este programa debía servir también como modelo para futuras ‘situaciones de crisis’. Mientras que Hungría – junto con Grecia e Italia – estaba originalmente en la lista de países de los que se habrían reubicado refugiados hacia otros países, el número de personas a los que se concedió el acceso al procedimiento de asilo en Hungría cayó tan dramáticamente (debido a la valla y las leyes de asilo cada vez más restrictivas) que Hungría se convirtió en uno de los ‘países receptores’ del sistema de cuotas.
Este sistema de cuotas propuesto por la Unión Europea, sin embargo, sólo se refiere a los solicitantes de asilo que huyen de países reconocidos por al menos el 75% de los Estados Miembros de la UE, lo cual excluye a la mayoría de la gente – todos los que no huyen de Eritrea o Siria. A pesar de que las capacidades personales y las relaciones sociales de las personas que a reubicar juegan – hasta cierto punto – un papel en el proceso de reubicación, es evidente que la situación de los estados y su percepción de los migrantes como una ‘carga’ (que debe repartirse equitativamente entre los Estados Miembros de la UE) es lo fundamental para estas estipulaciones. Los refugiados no son percibidos como individuos con objetivos, deseos y una voz política, sino como una carga a transferir al azar de un lugar a otro.
En resumen, el sistema de cuotas es un mecanismo de reubicación forzosa que consolida la distribución de los migrantes sin mejorar las condiciones para los refugiados en los Estados Miembros. La jerarquía y la exclusión se reproducen sobre los ejes de la nacionalidad y las ‘habilidades’ que se puedan explotar según los preceptos neoliberales.
Por lo tanto, el referéndum sólo dio a los húngaros la elección entre este sistema de cuotas extremadamente problemático y la afirmación de la política de asilo implementado por el gobierno de Hungría en los últimos años.
Opción 2: La política de demarcación de Hungría
Las restricciones a la política de asilo del año pasado han añadido aún más dificultades a las hasta ahora experimentadas por los migrantes en Hungría: los solicitantes al proceso de asilo se enfrentan a un internamiento sistemático y a la re-evaluación frecuente o a la cancelación de su estatus de asilo. Esto podría conducir a la deportación o a la cancelación del llamado ‘contrato de integración’, que proporciona al menos un apoyo financiero en Hungría después de la concesión de asilo a los que no tienen ningún derecho a asistencia económica. Los beneficiarios de asilo que no tienen derecho a asistencia económica, a vivienda o a cursos de idioma se ven obligados a abandonar el país debido a la falta de alternativas.
Estas tendencias no se limitan a la política húngara. En muchos Estados Miembros de la UE se están aprobando enmiendas similares en la legislación. Estas tendencias se reflejan también en la gestión mortal de fronteras de la UE y los planes de la Comisión para desarrollar un sistema de asilo extremadamente restrictivo, coordinado a nivel de la UE y similar al modelo de Hungría [5]. El gobierno húngaro ya puede llevar a cabo estas políticas de forma abierta e ilegítima. Este hecho se ilustra en la violencia sistemática utilizada por la policía húngara contra las personas que entran en Hungría a través de la frontera con Serbia y los procesos espectáculo en curso (Röske11), que están criminalizando la libertad de movimiento y las protestas de solidaridad a través de la legislación antiterrorist [6].
Protestas y la invalidación del referéndum
Las iniciativas críticas tuvieron éxito en la movilización de la gente para boicotear el referéndum con el fin de hacerlo nulo. Las iniciativas criticaron la elección simbólica entre dos "alternativas" que, en sus aspectos centrales, eran igualmente inhumanas – el sistema de cuotas de la UE frente a la política de demarcación de Hungría. Criticaron el empleo a gran escala de la propaganda y el uso de fondos públicos para el referéndum. También mostraron su frustración con la situación política general en Hungría. Aparte de las campañas satíricas del ‘Partido Húngaro de dos Colas de Perro’, un partido satírico, que ridiculizó el referéndum del gobierno con sus carteles, también se formaron alianzas entre diversas organizaciones y grupos para la organización de protestas comunes.
El número de votos no válidos (que con frecuencia fueron invalidados en formas muy creativas y compartidas en las redes sociales [7]) fue de entre el 6 y 7%. Esta alta tasa es particularmente notable teniendo en cuenta el hecho de que las abstenciones tenían el mismo efecto en el resultado como los votos nulos. También es frustrante que el gobierno no esté restando este porcentaje de la tasa de aprobación general (98%).
Autoritarismo: retórica del éxito y enmiendas constitucionales
Estaba claro que el gobierno del Fidesz no estaba tratando de encontrar una manera de influir con este referéndum democráticamente en la política de la UE. Esto ya se había ilustrado con el propio comportamiento electoral del primer ministro Viktor Orbán. En febrero, cuando el Consejo Europeo votó a favor del sistema de cuotas propuesto por la Unión Europea, Orbán votó a favor. [8] El uso de los temas de la política migratoria y de ‘seguridad’ como una vía para atraer a los votantes al populismo de derecha y de reorganizar con políticas autoritarias, es una estrategia común en Europa. Sin embargo, la administración Orbán utiliza esta estrategia con mucha frecuencia.
El hecho de que tales procesos autoritarios de reorganización están sucediendo realmente ha sido ilustrado por el cierre escandaloso de los medios de comunicación de izquierda por criticar al gobierno, como por ejemplo el diario Népszabadság [9], y la decisión del gobierno de modificar la Constitución a pesar de la nulidad del referéndum. Utilizando la ‘amenaza del terrorismo’ y el ‘éxito rotundo del 98% a favor de la soberanía húngara en los asuntos relacionados con los refugiados’ como justificaciones, la Constitución será modificada de tal manera que la ‘protección de la identidad húngara’ será codificada ‘como un deber fundamental del estado’ y los requisitos de la UE sólo se cumplirán cuando no se vea limitada la soberanía de Hungría sobre la integridad territorial, su población, su forma de gobierno y su estructura gubernamental. [10]
El referéndum, o – para ser más precisos – la campaña de desprestigio contra los llamados ‘inmigrantes ilegales’, según el gobierno, ha cumplido su propósito y fortalecido la posición del gobierno del Fidesz. Se ha desviado la atención de los problemas generalizados en salud, educación y el sistema social y se ha fortalecido la posición negociadora de Hungría en el contexto de la UE. El uso racista de la migración para promover políticas autoritarias es, sin embargo, particularmente absurdo cuando se mira el bajísimo número de refugiados a los que se les ofrece la oportunidad de vivir en Hungría, en primer lugar, debido a las numerosas barreras físicas y jurídicas. [11]
Notas: