Las recientes elecciones generales celebradas en España han producido una situación completamente inédita en nuestra reciente democracia: ningún partido tiene una mayoría clara y suficiente para gobernar.
El primer partido del Parlamento, el Partido Popular tendrá 123 escaños, muy lejos de la mayoría suficiente en una Cámara de 350 diputados/as. Un sistema electoral pensado, desde la transición política, para asegurar mayorías estables de gobierno se encuentra en la situación de tener que pasar a una dinámica de negociación y acuerdo. La novedad consiste en que ninguno de los temas significativos de la agenda podrá ser eludido: el derecho a decidir y la condición plurinacional de nuestro estado, poner freno y revertir la dinámica de pauperización creciente de nuestra sociedad, una reforma a fondo del tejido productivo y empresarial y un cambio de la legislación electoral entre otros. Y en el horizonte una reforma constitucional que resulta ineludible. Precisamente, esa nueva situación pondrá a prueba las convicciones y promesas electorales de algunas de las fuerzas políticas.
El resultado electoral es una rotunda impugnación de la política de austeridad, defendida casi en exclusiva por el Partido Popular. Éste ha pasado del 44,63% (10.866.566 votos) en las pasadas elecciones al 28,72% (7.212.390 votos) en la actualidad, una espectacular caída que sólo puede leerse como el rechazo general de la población a las políticas que han sembrado de pobreza, desigualdad y exclusión nuestro país.
El Partido Socialista ha cosechado el peor resultado de su historia, consiguiendo un 22.02% de los votos y 90 diputados (frente al 28,76% y 110 diputados en la anterior legislatura). No obstante, el partido socialista conserva la segunda posición y este resultado ofrece un espacio de iniciativa política al PSOE en el ámbito de la izquierda en la perspectiva de un eventual –aunque muy improbable- cambio de gobierno.
El número de votos y escaños de ambos partidos era importante para medir el alcance de la crisis del bipartidismo. Este modelo de alternancia entre el Partido de la derecha y el Partido Socialista ha sido una de las constantes del Régimen surgido de la transición política y ambos son responsables por el modelo de modernización vivido por España y sus consecuencias sociales, ecológicas o de gestión de la pluralidad nacional.
En este caso los resultados ponen de manifiesto la crisis del modelo bipartidista que sufre un duro castigo, aunque no no es un castigo definitivo. Si en 2008 la suma de los votos de los dos partidos políticos llegaba al 84%; y en 2011 al 74% en esta ocasión, ambos partidos apenas superan el 50% de los votos. Con todo siguen siendo los dos primeros partidos del país y los resultados dicen que no es posible seguir enunciando ni esperando una próxima y rápida crisis del régimen político surgido de la transición. Sobre todo si pensamos que la cuarta fuerza política, Ciudadanos, un partido claramente de derechas, suma un 13,93% por ciento de los votos y 3.180.000 votos. Visto desde una perspectiva más amplia, los partidos del sistema de ámbito estatal han sumado casi un 65% de los sufragios.
Pero esta situación plantea un desafío ineludible al Partido Socialista: si quiere seguir formando parte del viejo modelo o se propone sumarse a las fuerzas del cambio. Cualquier de las dos opciones tiene riesgos para este partido, pero se trata de una tensión real que ya se ha trasladado al debate público: una parte del partido –capitaneada por la federación andaluza, muy reforzada en estas elecciones- defiende la “responsabilidad de estado” y rechaza cualquier tipo de acuerdo con las fuerzas del cambio.
Es importante destacar el excelente comportamiento electoral de las coaliciones sociales y políticas que se han presentado tanto en Galicia como en Catalunya. Se trata de confluencias multipartidistas y con un importante componente social crítico vinculado a movilizaciones sociales intensas: vivienda, ecología, feminismo, soberanía alimentaria, nuevo urbanismo, democracia participativa. La suma de esas experiencias ha creado expectativas que, en este caso, sí han superado los limitados marcos en los que se ha movido la representación de la izquierda alternativa a nivel estatal.
Los resultados de Podemos han sido importantes si consideramos que era la primera vez que se presentaba a unas elecciones generales, sin embargo están lejos de las dos expectativas fundamentales enunciadas por los dirigentes de la coalición: convertirse, al menos, en la segunda fuerza electoral y/o ser decisivos para la gobernabilidad del país en un horizonte post-PP. En todo caso, ser el motor de esa perspectiva de cambio.
Los resultados de Podemos en el conjunto del estado y excluyendo Catalunya, Galicia y el País Valençiá han sido del 12,67% y casi 3.200.000 votos. Las coaliciones multitarpitidistas en los tres lugares señalados han sumado algo más de dos millones de votos y 8 puntos al balance global de Podemos.
En los tres lugares, además, los grupos constituidos tenían el acuerdo de constituir grupo propio en la Cámara de diputados, con lo que la gestión política de esa diversidad con el objetivo de ser un actor unitario en el proceso, depende de negociaciones al interior del conjunto de fuerzas coaligadas y que trascienden, con mucho, las siglas de Podemos.
Parece evidente que en la reconfiguración de la izquierda alternativa que se avecina el diálogo va a establecerse desde varias voces, experiencias, organizaciones y liderazgos.
En este escenario Izquierda Unida-Unidad Popular ha conseguido casi un millón de votos y el 3,67% de los sufragios. Tanto en Catalunya como en Galicia, IU formaba parte de las coaliciones electorales que tan buenos resultados han conseguido.
Una ley electoral con un evidente sesgo mayoritario y conservador hace que ese millón de votos se convierta en solamente dos diputados en el Congreso. Es decir, que a Izquierda Unida cada uno de sus diputados le cuesta más de 450 mil votos, frente a los 60.000 (aproximadamente) de PP o de PSOE.
No estaba claro el resultado de IU en estas elecciones que se movió durante toda la campaña en los límites de la representación política. Desde este punto de vista los resultados son razonablemente positivos, aunque lejos de la voluntad de la dirección de IU de conseguir, al menos, grupo parlamentario propio. Sin duda, han jugado a favor del mantenimiento electoral y político de IU la buena aceptación pública del candidato, Alberto Garzón, y la demanda de una parte del electorado alternativo de un discurso inequívocamente de izquierdas.
La situación creada, sin embargo, no elude un debate imprescindible en IU sobre su futuro y sus posibles alternativas. También sobre la situación que había llevado a esta organización a las puertas de las elecciones en condiciones tan desfavorables.
Los días posteriores a las elecciones han puesto de manifiesto el nerviosismo del sistema frente a una realidad que ya no puede ser gestionada según los viejos clichés y fórmulas políticas. No hay garantía de un gobierno de continuidad –en cualquiera de sus versiones- ni está claro que pueda pergeñarse con claridad una alternativa que cuestione las principales decisiones en política económica.
No obstante, incluso en el menos intenso de los escenarios de cambio cuestiones como la política laboral, las condiciones sociales de la mayoría, la política fiscal, la política educativa o sanitaria serán modificadas de alguna manera. Y lo que pase en España afectará sin duda a la correlación de fuerzas en el marco de la Unión Europea.
Esta situación sumada a la crisis en Grecia o los resultados en Portugal debería estimular en las fuerzas alternativas un necesario debate que tuviera en sus perspectivas la dimensión europea de manera imprescindible.
Se abre una dinámica con muchos interrogantes en varios frentes que expresa la radical novedad de lo tiempos que vivimos y la necesidad de repensar nuestros viejos paradigmas: nada es como era.